sexta-feira, 21 de junho de 2013

Transparencia y lobby - Chile

El proyecto es tan interesado en no regular fielmente el lobby, que nada dice respecto de otras formas de comunicación entre funcionarios y lobbistas. ¿Queremos una buena ley? Regulemos a los lobbistas y a los servidores públicos, y fortalezcamos la transparencia de los órganos del Estado. por Federico Allendes - 18/06/2013 - 04:00 UNA LEY que regule el lobby es más que una aspiración, se trata de una necesidad para una sociedad democrática. La pregunta es, ¿cualquier ley? La respuesta es no. En Chile necesitamos una realmente buena, que se inserte sistémicamente en el entramado de financiamiento de la política, transparencia y probidad. No es el caso del proyecto que se encuentra en debate legislativo. Llama la atención que la clase política se haya demorado casi 10 años en una discusión que, de aprobarse, no servirá para nada. Será letra muerta y ni siquiera se necesitará hacer efectivo el adagio “la ley se acata, pero no se cumple”, pues la “regulación” será tan vacía que la opacidad y el lobby encontrarán cobijo, resguardo y protección en ella. Una adecuada legislación debe ser coherente con el sistema de financiamiento de la política, de transparencia y probidad, pues si no existe tal coherencia, ésta será inútil, o lo que es peor, una útil herramienta para la corrupción. En Estados Unidos, donde el financiamiento privado de la política se encuentra permitido -igual que en Chile-, el foco de la ley está en los lobbistas y se les obliga a i) inscribirse en un registro cuando se cumplen los requisitos que se indican en la ley; ii) al momento de tomar contacto con la autoridad, deben revelar por cuenta de quién actúan, si se encuentra registrado, y al cliente; iii) informar semestralmente sobre las actividades de lobby realizadas en el período, los clientes representados, aquellos funcionarios con los que se haya interactuado; y el total de ingresos que se generaron con ocasión del lobby efectuado. En el proyecto chileno sólo se encuentra una tímida obligación de informar algo obvio: si el lobby es remunerado o no. En Chile, el financiamiento de la política es privado (el gasto electoral del Estado es mínimo). Por ello, la regulación del lobby debe estar orientada a diseñar un conjunto de obligaciones, derechos y prohibiciones a la actividad de los lobbistas, además de procedimientos y sanciones a las inconductas de éstos y de los servidores públicos que interactúan con ellos. El modelo que se quiere adoptar no cumple con lo anterior; sólo tiene foco en los servidores públicos, con una insuficiente regulación de registro de las audiencias, reuniones y/o viajes, y multas que lindan en lo ridículo, olvidando prohibiciones como el impedimento de los lobbistas de financiar la política -que sí se encontraba en el proyecto anterior que fue reemplazado por el gobierno-. El proyecto es tan interesado en no regular fielmente el lobby, que nada dice respecto de otras formas de comunicación o interacción entre funcionarios y lobbistas, tales como los correos electrónicos. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley, fundado en dos decisiones del Tribunal Constitucional, que garantiza la confidencialidad de estos correos, salvo que se incorporen a un expediente o sirvan de fundamento a un acto administrativo. Manjar para la opacidad, sobre todo si el lobby solamente queda constreñido a las reuniones, audiencias y/o viajes. ¿Queremos una buena ley? Regulemos a los lobbistas y a los servidores públicos, y fortalezcamos la transparencia de los órganos de la administración del Estado. http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/06/895-528760-9-transparencia-y-lobby.shtml

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